Convergencia ética y derechos digitales: fundamentos metodológicos para la gobernanza tecnológica 100 rov c. Rusia (2015) estableció límites estrictos a la vigilancia estatal y criticó la falta de salvaguardias en los sistemas de vigilancia estatal. Por su parte, la jurisprudencia de Digital Rights Ireland (European Union, 2014) invalidó la Directiva de Retención de Datos por violar derechos fundamentales. Estas decisiones configuran un cuerpo jurisprudencial que reconoce los derechos digitales como una extensión lógica y necesaria de los derechos humanos en la era tecnológica, ya que las sentencias consolidan un marco normativo que proyecta estos principios al entorno digital. 8. CONCLUSIÓN La protección de los derechos digitales en la sociedad contemporánea exige algo más que normativas técnicas o declaraciones formales de principios: requiere una fundamentación ética sólida, articulada y adecuada a la complejidad estructural del entorno digital. Frente a desafíos como la vigilancia masiva, la discriminación algorítmica, la opacidad tecnológica y la manipulación informacional, las teorías éticas tradicionales -el utilitarismo, la deontología kantiana y la ética de la virtud- siguen ofreciendo marcos valiosos, aunque insuficientes si se abordan de forma aislada. El utilitarismo aporta criterios para la maximización del bienestar colectivo, pero debe ser matizado ante riesgos de sacrificio de derechos individuales; la deontología kantiana establece límites morales firmes que protegen la dignidad humana frente a intereses técnicos o económicos; y la ética de la virtud impulsa una transformación ética del carácter de los actores digitales, fundamental para una innovación responsable. La Ética Convergente de Maliandi se presenta como una alternativa teórica que integra estas tradiciones desde una racionalidad dialógica, pluralista y no dogmática. Este enfoque permite construir criterios normativos consistentes, flexibles y contextuales para interpretar y aplicar los derechos digitales en clave de justicia, equidad y respeto por la diversidad de valores implicados. A través de sus seis principios rectores, esta ética ofrece un marco interpretativo robusto para abordar los conflictos morales que emergen en el ciberespacio, evitando contradicciones normativas, favoreciendo el consenso intersubjetivo y promoviendo una corresponsabilidad ética institucional.
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