Convergencia ética y derechos digitales: fundamentos metodológicos para la gobernanza tecnológica 90 normas jurídicas positivas, sino de examinar críticamente los fundamentos morales que justifican la adopción de determinadas decisiones técnicas, políticas o legislativas en el entorno digital. Si bien las teorías éticas clásicas -el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud-proveen herramientas conceptuales esenciales para interpretar los desafíos ético-jurídicos contemporáneos vinculados a la protección de los derechos digitales, la ciberseguridad, la vigilancia, la inteligencia artificial, la moderación de contenidos y la gobernanza algorítmica, la Ética Convergente de Ricardo Maliandi ofrece un marco filosófico poderoso para abordar los dilemas ético-jurídicos del mundo digital. Su enfoque pluralista, racional y conflictivo permite interpretar fenómenos como la vigilancia masiva, la inteligencia artificial o la moderación algorítmica sin caer en reduccionismos ni dogmatismos (Maliandi, 2010, 2011, 2012). 3.1. Utilitarismo El utilitarismo, formulado originalmente por Jeremy Bentham (Bentham, 2004) y desarrollado por John Stuart Mill (Mill, 2008), se basa en el principio de maximización del bienestar. Según esta teoría, una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. En el entorno digital, el utilitarismo encuentra una aplicación natural en el diseño de políticas públicas que persiguen resultados colectivos beneficiosos. Por ejemplo, la promoción de plataformas de telemedicina, la digitalización de servicios públicos o el uso de inteligencia artificial para optimizar el tráfico urbano pueden ser considerados moralmente justificables en la medida en que generan beneficios sociales tangibles. En materia de ciberseguridad, un enfoque utilitarista justificaría la implementación de medidas técnicas o legales que reduzcan el riesgo general para la mayoría de la población, incluso si estas implican costos individuales, como la recolección masiva de datos privados con fines de prevención. No obstante, esta lógica presenta riesgos evidentes. En contextos donde la maximización del bienestar general entra en tensión con la protección de derechos individuales, el utilitarismo puede llevar a decisiones injustas. El caso de la vigilancia estatal masiva es ilustrativo: justificar el monitoreo indiscriminado de comunicacio-
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