Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital 52 La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (Equal Credit Opportunity Act, ECOA) y la Ley de Informes Justos de Crédito (Fair Credit Reporting Act, FCRA) han sido interpretadas para prohibir la discriminación en la aprobación de créditos, incluso cuando esta discriminación surge de algoritmos. Las agencias reguladoras como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) supervisan y aplican estas leyes. No obstante, recientes iniciativas, como la Ley de Responsabilidad Algorítmica, proponen establecer estándares para prevenir el sesgo en los sistemas automatizados. c) El Reino Unido ha abordado la discriminación algorítmica a través de sumarco de igualdad y regulaciones de protección de datos como la Ley de Igualdad de 2010 (Equality Act 2010) que prohíbe la discriminación directa e indirecta en diversos contextos, incluidos aquellos mediados por algoritmos. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) tiene el mandato de supervisar y hacer cumplir esta ley. El Reglamento de Protección de Datos (Data Protection Act 2018), similar al GDPR mencionado supra, proporciona protecciones contra decisiones automatizadas y establece el derecho a la intervención humana en tales decisiones. 3.2 Derechos fundamentales y discriminación algorítmica Los derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y la no discriminación, son pilares esenciales en cualquier sociedad democrática. La discriminación algorítmica pone en riesgo estos principios, ya que puede llevar a decisiones injustas y desiguales basadas en características protegidas. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, por ejemplo, consagra el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación en su artículo 21. Los sistemas algorítmicos deben ser dise ados y utilizados de manera que respeten estos derechos, asegurando que las decisiones automatizadas no perpetúen o amplifiquen las desigualdades existentes. Esto requiere una comprensión profunda de cómo los algoritmos pueden influir en los derechos fundamentales y una regulación adecuada que garantice la transparencia y la responsabilidad.
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