Problemas jurídicos para controlar la discriminación algorítmica 92 algoritmos. La doctrina reconoce el papel esencial de sector público en todo lo relativo a la inteligencia artificial. Así Criado sostiene que “las administraciones públicas se han convertido en actores clave en el desarrollo de la IA en nuestras sociedades, no solo porque se encargan de definir agendas nacionales y catalizar acciones y recursos, sino también como ámbitos de aplicación de tecnología” (Criado, 2021a, p. 369). Pero también se evidencian las limitaciones indicadas y la falta de preparación adecuada para afrontar estos retos, más en la dimensión político-administrativa y en el proceso de implementación, menos en aspectos estratégicos y de planteamientos, para los cuales ya hanmucho avanzado en el terreno de los informes y documentos. El modelo clásico de empleo público, por ejemplo, “no es válido para responder a las nuevas necesidades” (Campos Acu a, 2021, p. 99). Por lo tanto, debería trabajarse de forma específica en revertir esta situación con un incremento de presupuestos que sirva para paliar las carencias se aladas. Ello debe incluir la capacitación técnica y jurídica de los servidores públicos que emplean los sistemas de inteligencia artificial, además de la supervisión estricta de los sistemas que cree el propio poder público y de los que contrate con terceros. Sólo con una burocracia cualificada, inspirada en los principios constitucionales, podremos contemplar un desarrollo tecnológico satisfactorio en lo que se refiere al poder público. 4.11. Las dudas sobre las respuestas En último lugar aludimos a una cuestión que podría parecer de menor calado pero que la vemos con entidad suficiente para recogerla en estemomento. Ante los vertiginosos cambios que se están produciendo ligados a la inteligencia artificial semeja que los juristas se muestran un tanto anquilosados ante dicho desafío. Ello se traduce en las crecientes dudas sobre cómo actuar ante las nuevas problemáticas, incluso en situaciones como la que analizamos ahora en la que se ven afectados principios esenciales como la igualdad, que también funciona como el derecho fundamental a no ser discriminado. Así las cosas, este déficit se plantea igualmente como una dificultad para solucionar la discriminación algorítmica.
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